La República Argentina y su sinuoso camino hacia la ampliación de derechos. Tensiones que emergen de las interpretaciones constitucionales en torno al debate sobre el aborto y su legalización.

La República Argentina, en su devenir histórico, marcado por luchas y acciones colectivas de reivindicaciones de derechos humanos, comienza a transitar,  desde la recuperación de la democracia en 1983, un arduo “proceso de discusión inclusiva”, con su  punto sobresaliente en la reforma parcial de la Constitución Nacional acaecida en el año 1994,  en particular con la incorporación de once Tratados Internacionales que versan sobre derechos humanos a los que se les otorga jerarquía constitucional y de institutos promotores de participación e inclusión ciudadana, poniendo en evidencia una reacción política y social, contra modelos constitucionales conservadores vigentes hasta ese momento, no solo en el orden normativo, sino también en las decisiones judiciales. Este sinuoso camino trae aparejado entre otros, el reclamo por el reconocimiento de nuevos derechos y la participación popular a la hora de marcar el camino en la agenda pública, en un proceso dinámico, cada vez más progresivo. Un claro ejemplo es el debate que se generó en los meses de marzo a agosto del año 2018 en torno a la necesidad de tratamiento y aprobación por parte del Congreso de la Nación del proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), debate que, no solo estuvo postergado, sino invisibilizado, por más de una década y que, por primera vez en la historia constitucional argentina, representa su punto destacado cuando, el 10 de abril de aquel año, quedó habilitado su tratamiento. No podemos dejar de analizar de manera simultánea al papel que adquiere el Congreso de la Nación, por su rol protagónico relevante, el del pueblo, representado en una marea de personas reclamando ser escuchadas en los debates previos y, particularmente, en la vigilia llevada a cabo durante su tratamiento en el recinto, recobrando autoridad en el arduo proceso de la toma de posición en cuanto a la aprobación o no de los proyectos bajo análisis. Oportunidad histórica. Ha transcurrido poco más de un año del rechazo por parte del Senado de la Nación de la media sanción dada por la Cámara de Diputados; el reclamo social continua con fuerza inquebrantable, constituyendo cada manifestación y cada marcha una forma de renovar el compromiso por avanzar en un sendero de ampliación de derechos. Soplan vientos de cambios sociales y políticos y con ellos el camino de la inclusión de derechos se torna un imperativo categórico... (segue)