La respuesta constitucional la crisis del modelo de organización territorial

El origen de la irrupción de la reforma constitucional en la agenda política fueron los problemas relacionados con la organización territorial del poder. En concreto, las primeras voces relevantes que cuestionaron la necesidad de esa reforma, lo hicieron en relación con el Senado. La síntesis de todos aquellos primeros planteamientos de reforma constitucional relacionados con el Estado autonómico, se alcanzó con la propuesta del Presidente Zapatero para la que solicitó informe al Consejo de Estado. Como se conoce, dos de las cuatro cuestiones planteadas afectaban a la organización territorial. Por un lado, la enumeración de las Comunidades Autónomas en la Constitución. Por otro, la reforma del Senado. La discusión sobre la oportunidad y conveniencia de la reforma constitucional, era, básicamente, un debate sobre la organización territorial del poder. Hoy, el escenario descrito pertenece al pasado. El debate sobre la reforma constitucional es más vigoroso. Hay una diferencia radical. En estos momentos, el tema territorial ya no monopoliza las reflexiones sobre la reforma. Cuestiones sociales suscitadas por la crisis económica o la necesidad de introducir cambios en el sistema político, tienen un innegable protagonismo. Hoy, los cambios necesarios en el modelo territorial se insertan en la discusión sobre una reforma constitucional de mayor alcance. La crisis del Estado autonómico no puede observarse por separado, no es una crisis aislada, sino que es parte de la crisis global del modelo. De una crisis que, entre otras consecuencias, provoca un cambio en los agentes políticos. Un cambio que plantea más alternativas al diseño del modelo territorial pero que, lógicamente, incrementa su complejidad. El cambio en el sistema de partidos es consecuencia de un tiempo traumático del sistema político en su conjunto. Una crisis que ha incidido, también. sobre el modelo territorial. Incidencia múltiple que se ha proyectado tanto sobre la consideración que a los ciudadanos merece la descentralización; como sobre el sustento ideológico prestado a la recentralización; como a su influencia en la crisis de integración protagonizada por Cataluña. No podía ser de otra manera. La forma de organizar territorialmente el poder no es sino una parte más de un modelo político determinado. Las Comunidades Autónomas son espacios políticos con Parlamentos, gobiernos y su propia clase política. Y, como tales, han caído en los errores que los ciudadanos han marcado como una raya roja. Es la misma crisis. Y al igual que se puede sostener en relación con el modelo constitucional, el juicio sobre el Estado autonómico es, en muchos casos, injusto. Dos razones sostienen esta calificación. Por una parte, porque son muchas las piezas del edificio que se mantienen en pie. Por otra, porque se atribuyen al modelo errores que no le son imputables. Muchos de los defectos “técnicos” de ese modelo podrían haber sido corregidos si hubiese existido voluntad, y capacidad, política. Y las líneas rojas que marcan los ciudadanos poco tienen que ver con la estructura normativa e institucional y mucho con la cultura política desarrollada por los partidos en los últimos años... (segue)